La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucional la Ley 31083 aprobada por el Congreso, mediante la cual se autoriza el retiro de los aportes pensionarios administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), es una llamada de atención al Poder Legislativo para que deje de aprobar normas populistas y demagógicas que generan falsas expectativas en los sectores más vulnerables de la población, afirmó hoy el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras), Carlos Durand.

“Recordemos que, en primer lugar, esta norma fue observada por el Poder Ejecutivo y finalmente aprobada por insistencia por el Congreso, a pesar de las expresiones preocupantes de diferentes sectores académicos y especializados de que esta ley era totalmente anticonstitucional por varios aspectos jurídicos”, comentó a la Agencia de Noticias Andina.
Durand sostuvo que esta iniciativa era a todas luces populista y demagógica. “Era evidente que, seguido el camino del debido proceso, el TC iba a declarar la inconstitucionalidad del proyecto, tal como lo habían previsto los analistas y juristas más especializados.”


El líder gremial sostuvo que, más allá del aspecto jurídico, la decisión de Tribunal Constitucional es una llamada de atención al Congreso que se empecina por jugar con las expectativas de la población más vulnerable.

“El Congreso ha estado creando expectativas en una población vulnerable que, si bien tiene el legítimo derecho de reclamar una pensión digna, no es justo que se les brinde estas alternativas inviables”, refirió.

Fuera de presupuesto
De acuerdo con el fallo del TC, la devolución a los aportantes de la ONP demanda una partida de 15,000 millones de soles, dinero que no se encuentra dentro del presupuesto público y que, actualmente, todos los fondos que recauda el Sistema Nacional de Pensiones son destinados al pago de pensiones.
Argumentó además que el Congreso vulneró la Constitución al emitir esta norma, dado que no cuenta con capacidad de gasto y que es el Poder Ejecutivo el que debe determinar la política económica.
“Obviamente, el Sistema Nacional de Pensiones debe ser restructurado, por lo que se debe buscar un mecanismo que restituya el derecho a un ingreso pensionario a estas personas, aunque sea proporcional al periodo que han aportado; pero no bajo los términos que el Congreso había impuesto, que creó una expectativa que ahora se ha convertido en una decepción y es probable que esta decepción genere mayor preocupación y posiblemente algún tipo de reacción”, manifestó Durand.

Comisión Omonte
El presidente de Perucámaras sostuvo que la decisión del TC debe repercutir en el proyecto que trabaja la Comisión Especial Multipartidaria encargada de evaluar, diseñar y proponer el proyecto para la reforma integral del sistema previsional peruano, conocida como Comisión Omonte.
“Esta comisión pretende crear una entidad pública que administre los fondos de pensiones privados, así como también un fondo colectivo solidario que nuevamente generará incertidumbre, preocupación en un sector de los aportantes y expectativa en otro sector que quizás, por el sistema de pensiones en el que se encuentran, tienen algún tipo de esperanza de mejoría”, comentó Durand.

Ante esta situación, el representante gremial aseveró que el Poder Ejecutivo cuenta con un proyecto alternativo que sería bueno revisar. “Esta iniciativa establece una compensación intermedia para este grupo de personas que por muchos años aportaron al sistema nacional de pensiones y no han recibido un centavo como retribución por sus aportes”, detalló.
Durand precisó que los sistemas de pensión solidarios generan situaciones muy complicadas de déficit. “Muchos países de Europa optaron por este tipo de sistema y hoy pasan complicaciones para financiar la deuda pública que se incrementa”, manifestó.

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